SOS VIOLENCIA

SOSViolencia: Plataforma de monitoreo sobre las distintas formas de violencia en Nicaragua


Este es un emprendimiento ciudadano que busca solucionar la brecha informativa acerca de la ocurrencia y análisis sobre las distintas formas de violencia que suceden en Nicaragua. En esta primera etapa de monitoreo iniciamos observando la conflictividad social surgida a partir del 18 de abril de 2018, momento en el que el sistema político nicaragüense entra en una profunda crisis política debido al desequilibrio de poder del régimen Ortega Murillo, quienes concentran el poder absoluto del Estado, y son los mismos que emprenden una escalada represiva en contra de la población que se manifiesta en oposición a una serie de reformas económicas impuestas por el gobierno.

Esta plataforma cuenta con mecanismo de recolección de información que presentamos a manera de repositorios de documentos, los cuales hemos verificado su rigurosidad investigativa, de datos y fuentes de origen. A su vez presentamos una herramienta de recolección de datos sobre violencia con la que georeferenciamos la ocurrencia de eventos violentos de distintas índoles, con lo que podemos ilustrar cuáles son los puntos de violencia en el territorio nacional.

Esta iniciativa pues está abierta a monitorear los distintos tipos de violencia, y comenzamos haciendo un breve resumen sobre la conflictividad social y la respuesta del Estado de Nicaragua frente a las demandas sociales y políticas de la población en el marco de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018

Crisis y violencia en Nicaragua

A continuación mostramos una serie de hitos que deben ser considerados al momento de darnos una idea del origen de la violencia de Estado en contra de la ciudadanía nicaragüense. Para esto hemos preparado la siguiente cronología de eventos que explican este proceder por parte del Estado de Nicaragua.

En su tercer mandato el régimen pasó de ser un gobierno que ejercía el poder desde una minoría en la Asamblea Nacional a una mayoría casi absoluta, incluídos los espacios de poder municipales (135 de 153 alcaldías), cuenta con instrumentos jurídicos que legalizan el uso de la fuerza de manera discrecional, criminalizando la libertad de expresión, la libertad de movilización y la protesta ciudadana. La cooperación venezolana a la baja y los problemas económicos por la insostenibilidad del modelo de desarrollo del gobierno coloca a este en una situación sensible que lo hace buscar recursos para cubrir déficits importantes, sobre todo para los gastos en el Presupuesto General de la República y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

En lo económico el gobierno comenzó a reestructurar sus fuentes de ingresos, implementando una reforma tributaria que castiga aún más a los que menos ingresos tienen, y reforma al INSS para resolver su inminente quiebra, la que es provocada por dos factores vitales: la corrupción en la institución, y el decrecimiento de las afiliaciones vs el crecimiento de la demanda de pago de pensiones (transición demográfica).

Estas reformas a la seguridad social provocó el 18 de abril de 2018 una serie de protestas en Managua y León que se fueron extendiendo a los principales centros urbanos de Nicaragua y carreteras principales del país; estas protestas fueron reprimida por grupos de choques del FSLN, y a partir de ahí estalla una crisis que se venía gestando 12 años atrás con la llegada del FSLN al poder. Esta crisis ha estado marcada por la violencia de Estado de manera abierta, y se ha caracterizado por ir escalando y sofisticando sus formas de violencia. En la ​2da y 3ra semana de abril 2018 ​ fuerzas policiales y grupos de choque del gobierno con vestimenta civil y/o jóvenes en riesgo agreden a los protestantes contra las reformas al INSS, sin embargo el uso excesivo de fuerza motivó a la ciudadanía a manifestar su inconformidad. En este momento la demanda ya no era solo por la reforma al INSS, sino por la brutal violencia con la que el gobierno operó para desmontar la protesta ciudadana que ya dejaba un saldo de al menos 20 asesinatos.

A ​Mediados del mes de mayo 2018 el gobierno decide usar grupos paramilitares utilizando armamento letal con armas de guerra. La masacre del 30 de mayo en Managua fue el momento más difícil de la jornada de mayo. Al menos una veintena de asesinados y más de un centenar de heridos queda como resultado de la agresión con armas de fuego ese día.

En ​septiembre de 2018 el gobierno lanza “operación limpieza”, operación combinada entre agentes policiales y paramilitares con armas de guerra. Se dieron a la tarea de exterminar a las personas que habían creado tranques en las principales vías de acceso del país como forma de protesta ante la represión emprendida por el régimen sandinista. Son asesinados más de un centenar de personas en los municipios de Masaya, Jinotepe, Diriamba, León, Matagalpa, Jinotega, Chontales, entre otras. Durante esta operación las tareas de inteligencia emprendieron acciones de identificación para el encarcelamiento de los líderes de la protesta social, llegando a estar encarcelados unas 600 personas.

Ya entre ​Octubre 2018 a enero de 2019 el régimen emprende actos de represión a la prensa independiente, y a las organizaciones de sociedad civil. Como resultado se da el cierre de aquellas ONGs que el gobierno consideraba enemigas y organizadoras de la movilización social, persecución, encarcelamiento y el exilio de al menos un centenar de periodistas, cierre, allanamiento y confiscación de medios de comunicación como Confidencial y 100% Noticias, retiro de personerías jurídicas a ONG como CINCO y el IEEPP, prohibición total a la realización de marchas; estableciendo un estado de excepción de facto.

Entre Febrero a junio de 2019 Los aparatos de represión de Ortega Murillo ejercen el control y el asedio sobre la dirigencia social para contener las acciones de protestas y de resistencia cívica. La demanda ya ha trascendido a la exigencia de justicia por los asesinatos. De ​Julio 2019 a noviembre 2019 ​ los órganos de seguridad se han dado a la tarea de impedir la realización de marchas y demás acciones de protesta.

Así se ha desarrollado la violencia Estatal en Nicaragua desde abril 2018.El resultado ha sido más de 350 asesinatos, decenas de mutilados y lisiados. Encarcelamiento, secuestros, violaciones allanamientos entre muchas otras formas de represión y terror desde el Estado se han implementado por el régimen sandinista con el objetivo de mantener el control sobre los hilos del poder. Sin embargo en este momento el régimen enfrenta sanciones de la comunidad internacional y una crisis económica en situación de recesión, sumado a una crisis en el sistema de salud pública por el COviD 19 que los pone en una situación difícil. Está por verse aún el desenlace de esta crisis, y el rol que jugarán su principales actores.